A partir de la segunda mitad del siglo XX, se empiezan a incorporar los estudios de las mujeres en las universidades, en primera instancia en países europeos y estadounidenses y, posteriormente, en las universidades latinoamericanas. Desde dichos espacios, se han generado investigaciones y teorización sobre el papel que desempeñan los sistemas educativos en la reproducción de relaciones de desigualdad entre las personas, en relación con su sexo, identidades genéricas, clase social, raza, etnia, lugar de procedencia, entre otras condiciones. A mediados de la década de los setentas, se efectuó la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer y la Declaración del Decenio de la Mujer. También, tuvieron lugar convenciones internacionales en las que se debatió sobre las desigualdades de género presentes en nuestras sociedades, y, específicamente, las que se manifiestan en el campo de la educación. La aprobación por parte de los países participantes de convenciones y normativa específica para erradicar las formas de discriminación presentes en la educación ha significado un primer paso de gran importancia. Se destacan la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, 1979) y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). En esta última se planteó, además, el mainstreaming o transversalidad de género, como estrategia que analiza el impacto de las políticas y programas institucionales para mujeres y hombres. Desde el Estado costarricense, se han ratificado dichas convenciones internacionales y se han promulgado leyes y políticas específicas para el avance en materia de igualdad y equidad de género, las cuales impactan el campo de la educación. Entre otras, sobresalen la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990), Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995), Ley de Fomento a la Paternidad Responsable (2001), Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (2007) y la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG, 2007-2017). Entre los objetivos estratégicos de dicha política, hay uno referido al desafío de una educación y salud de calidad a favor de la igualdad. Las estadísticas nacionales evidencian que en el campo de la educación se han realizado importantes avances referentes a la distribución por sexo de la población que accede al sistema educativo formal, dado que las mujeres presentan mayores tasas de cobertura, rendimiento académico, permanencia y graduación en relación con los hombres, incluso en la educación superior (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2005, p. 67). No obstante, persisten obstáculos relacionados con la presencia de estereotipos y contenidos sexistas en los textos escolares y materiales didácticos. Además, la escasa formación del personal docente en enfoques de género y derechos humanos contribuye a que se reproduzca un currículum oculto que genere relaciones de discriminación en los espacios educativos, y refuerza estereotipos en la formación del estudiantado. Lo anterior impacta la segregación que existe en la orientación vocacional y que se manifiesta posteriormente en el ámbito ocupacional.