Pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional
Ante la reforma del decreto sobre la Agenda 2030 en Costa Rica
El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.
Si bien, el Decreto Ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad y equidad. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.
Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político e ideológico que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país. No se trata de un simple ajuste administrativo: es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.
Entre los cambios más preocupantes destacan:
· La actualización de los considerandos I al V, que ahora se alinean explícitamente con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con la Constitución costarricense, subrayando el derecho interno como marco prioritario. Este énfasis refuerza una narrativa de soberanía nacional que puede utilizarse para relativizar los compromisos internacionales y reinterpretar selectivamente los principios del desarrollo sostenible.
- La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.
- La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público. Este cambio resta legitimidad normativa a los objetivos y puede ser interpretado como un intento por despolitizar o minimizar su relevancia dentro de las prioridades nacionales.
- La introducción de un glosario normativo ideologizado (nuevo artículo 2), con términos como "dignidad", "cultura", "bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni al marco técnico de Naciones Unidas. Estas definiciones imprecisas pueden dar pie a interpretaciones conservadoras, regresivas y excluyentes.
- El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS, que ahora se reducen a aquellos “adoptados por el país” y subordinados a la estrategia nacional y la Constitución, dejando atrás el compromiso con la integralidad y progresividad de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.
Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.
Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la equidad, los derechos humanos y la justicia ambiental. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.
Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible que ponga al centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de todas las personas.
Instituto de Estudios de la Mujer (IEM)
Universidad Nacional, Costa Rica
2 de junio 2025