Pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM-UNA)
Ante la denuncia en contra de la presidenta ejecutiva del INAMU y su asesora legal
El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional de Costa Rica expresa su profunda preocupación ante las denuncias públicas que involucran a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y a su asesora legal, por la presunta intervención de ambas funcionarias para obtener una denuncia por violencia sexual contra el jefe del Organismo de Investigación Judicial a cambio de beneficios personales.
Estas denuncias no solo cuestionan la conducta de las personas señaladas, sino que han provocado una crisis de credibilidad en una institución clave para la defensa de los derechos de las mujeres. El INAMU, pilar del mecanismo nacional de igualdad, atraviesa un momento que amenaza con debilitar los avances alcanzados en la protección de las víctimas de violencia.
En este contexto, las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, ya enfrentadas a múltiples obstáculos para acceder a la justicia, sufren una doble vulnerabilidad: la que proviene de sus agresores y la que deriva de una institucionalidad afectada por la desconfianza pública.
El IEM-UNA subraya la necesidad de preservar la integridad del debate público sobre la violencia sexual, evitando que se desvíe hacia intereses o disputas políticas. Cuando la violencia se convierte en herramienta de confrontación, se banaliza su gravedad, se socava la palabra de las víctimas y se deteriora la legitimidad de las instituciones llamadas a protegerlas.
Asimismo, el Instituto reafirma que la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (PLANOVI) es un eje fundamental del compromiso estatal con la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Su aplicación debe sustentarse en los principios de legalidad, ética pública y respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los establecidos por la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado costarricense a garantizar vidas libres de violencia.
Cumplir con estos compromisos requiere investigaciones imparciales, libres de presiones o interferencias políticas, y una actuación institucional basada en la debida diligencia reforzada, que priorice la dignidad y la protección de las víctimas. Solo así puede fortalecerse la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado en su deber de garantizar justicia.
El IEM-UNA advierte, además, que ninguna denuncia de violencia debe ser atendida según afinidades personales o intereses coyunturales. La selectividad en la respuesta institucional reproduce la impunidad y constituye una forma de violencia institucional contraria a los principios democráticos y de igualdad que deben guiar la acción pública.
En coherencia con estos principios, el IEM-UNA considera que la presidenta ejecutiva del INAMU y su asesora legal deben apartarse temporalmente de sus cargos mientras se desarrolla la investigación correspondiente. Esta medida, lejos de ser una sanción, representa un acto de responsabilidad ética y de respeto por la institucionalidad, necesario para garantizar la transparencia del proceso y proteger la confianza en el INAMU como ente rector de los derechos de las mujeres.
El Instituto de Estudios de la Mujer exhorta a que la investigación sea rigurosa, transparente y libre de presiones políticas, con enfoque de género y derechos humanos. Solo así podrá restablecerse la legitimidad de una institución que ha sido, históricamente, esencial para el avance de las mujeres costarricenses.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, la ética pública, la autonomía institucional y el fortalecimiento del PLANOVI como política que articula la respuesta estatal ante la violencia en todas sus formas. Respaldamos también a quienes, desde el servicio público y la sociedad civil, mantienen viva la lucha por una vida libre de violencia.
Instituto de Estudios de la Mujer (IEM)
Universidad Nacional de Costa Rica
Heredia, 4 de noviembre de 2025